Manuel Adorni ya no puede subirse a un avión sin avisarle antes a un juzgado federal. El viernes por la noche, el juez Ariel Lijo firmó una resolución que le prohíbe al extitular de la Jefatura de Gabinete abandonar el territorio argentino sin autorización judicial previa. Es una medida más liviana que lo que pedía la querella, pero tiene un peso simbólico sin antecedentes: nunca antes un jefe de Gabinete de la Nación había quedado bajo una restricción de este tipo.
Qué pidió la fiscalía y qué resolvió el juez
La orden salió a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, que lleva la causa "Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro". Lo llamativo del dictamen es que el propio fiscal descartó, de manera explícita, que exista peligro de fuga o intento de entorpecer la investigación. Aun así, pidió que cualquier salida del país quede sujeta a que la Justicia evalúe antes la pertinencia del viaje, y Lijo hizo lugar al pedido tal cual estaba planteado. En criollo: Adorni puede viajar, pero tiene que avisar antes, mostrar los pasajes de vuelta y confirmar cuando volvió a su domicilio.
Lo que no consiguieron los denunciantes
El abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano, denunciantes originales de la causa, habían pedido bastante más: la prisión preventiva de Adorni y, en caso de que eso no prosperara, la prohibición de salida con retención del pasaporte. Los dos planteos fueron rechazados. Pollicita consideró que Adorni no puso obstáculos ni generó demoras en el trámite de la causa, ni siquiera en los contactos que mantuvo con un testigo clave antes de que declarara, algo que la querella había señalado como un intento de influencia.
El rumor de Uruguay que aceleró todo
La medida llega después de que circularan versiones de que Adorni evaluaba mudarse a Uruguay —Punta del Este o Montevideo, según a quién le preguntes— apenas dejó la Jefatura de Gabinete. Nadie lo confirmó públicamente, ni siquiera el propio Adorni. Su abogado, Matías Ledesma, había presentado un escrito asegurando que su cliente sigue en el país y no tiene intención de cruzar la frontera en el corto plazo. La Justicia, evidentemente, prefirió no quedarse solo con esa palabra.
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Juez / Fiscal | Ariel Lijo / Gerardo Pollicita |
| Delito investigado | Enriquecimiento ilícito |
| Remodelación Indio Cuá | USD 245.000 en efectivo |
| Depto. en Caballito | ~USD 230.000, 87% financiado por las vendedoras |
| Efectivo declarado por Adorni | USD 500.000 (ex criptomonedas, sin verificar) |
Por qué esto sí es inédito
Acá conviene ser precisos, porque circuló la idea de que Adorni es "el primer jefe de Gabinete" bajo este tipo de restricción, y no es exactamente así. Apenas seis días antes, el juez Luis Armella le había impuesto la misma prohibición de salida del país a Martín Insaurralde, que fue jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires hasta 2023. La diferencia —y es la que importa acá— es de escala: Insaurralde manejaba el gabinete de un gobierno provincial. Adorni es el primer jefe de Gabinete de la Nación en esta situación, el cargo que coordina a todos los ministerios del Ejecutivo nacional. Que dos personas que ocuparon jefaturas de Gabinete —una nacional, otra provincial— terminen con la misma restricción judicial en la misma semana dice más sobre un patrón que sobre una coincidencia.
Lo que ya está en el expediente
La causa nació de una denuncia de Pagano y no dejó de sumar prueba desde entonces. El capítulo más pesado es la remodelación de la casa de Adorni en el country Indio Cuá Golf Club: el contratista Matías Tabar declaró que el trabajo costó 245.000 dólares, todo pagado en efectivo. En su celular la fiscalía encontró mensajes de Adorni contactándolo antes de que declarara como testigo, algo que la querella leyó como un intento de influencia, pero que el propio Pollicita descartó, porque la declaración de Tabar terminó complicando más a Adorni, no protegiéndolo. También está bajo la lupa un departamento en Caballito, comprado por unos 230.000 dólares, del cual cerca del 87% habría sido financiado con un préstamo hipotecario que otorgaron directamente las vendedoras —dos mujeres jubiladas, sin ningún banco de por medio—, algo que a cualquiera le generaría dudas sobre qué tan "de mercado" fue esa operación. A eso se suma un viaje a Aruba que la fiscalía todavía está reconstruyendo, junto con el resto de los movimientos migratorios de Adorni desde 2023.
Esta semana declararon además tres empleados de la Vocería Presidencial que reconocieron ante la Justicia haberle prestado su nombre o sus tarjetas de crédito a Adorni para hacer compras que, según la hipótesis fiscal, buscaban no dejar rastro directo a su titular.
La reacción oficial (o la falta de ella)
Puertas adentro del Gobierno no hubo ningún gesto de distancia. Tras su renuncia, Javier Milei le expresó su respaldo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo definió como una persona "íntegra, valiosa y muy querida". Ninguno de los dos habló puntualmente de la restricción judicial. Dalbón, del lado de la querella, celebró la resolución en redes como una aplicación pareja de la ley, aunque vale decirlo: buena parte de lo que había pedido terminó rechazado por el mismo fiscal y el mismo juez que le dieron la razón en esto.
Qué sigue
La causa avanza hacia una posible declaración indagatoria, algo que podría concretarse antes del 17 de julio, cuando arranca la feria judicial de invierno. Antes de eso, Pollicita espera el informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) sobre los ingresos y gastos de Adorni. Ese estudio es, en la práctica, la primera oportunidad real que va a tener el extitular de la Jefatura de Gabinete para explicar de dónde salió la plata. Hasta entonces, lo único seguro es que Adorni sigue en el país, y que si quiere salir, alguien en Comodoro Py se va a enterar antes que su agencia de viajes.
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