El 30 de junio, el Boletín Oficial del Estado publicó el segundo decreto anticrisis del año por la guerra en Oriente Medio, el Real Decreto-ley 18/2026. Entró en vigor al día siguiente, el 1 de julio, y no renueva el escudo tal como estaba: lo empieza a desarmar, pero despacio. La mayoría de las medidas ya tiene fecha de caducidad: el 30 de septiembre.
Por qué el Gobierno elige ahora la retirada gradual
El propio texto legal explica el cambio de estrategia: el conflicto entró en una fase de menor tensión tras el memorando firmado el 17 de junio entre Irán y Estados Unidos, aunque persisten la incertidumbre internacional y las dificultades para recuperar plenamente el tránsito energético por el estrecho de Ormuz. Con ese diagnóstico, el Ejecutivo optó por un phase out: bajar la ayuda de forma escalonada en vez de cortarla de un día para el otro, para no trasladar el ajuste a las facturas de golpe. Eso sí, dejó un as en la manga: si los precios de la energía vuelven a dispararse, hay una cláusula que reactiva automáticamente el apoyo completo, sin necesidad de un tercer decreto.
El bono social eléctrico, el que más gente usa, sigue igual hasta fin de año
Acá no hubo recorte. El primer decreto de este paquete —el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el 20 de marzo— ya había fijado para todo 2026 los descuentos reforzados del bono social: 42,5% para el consumidor vulnerable y 57,5% para el vulnerable severo, muy por encima del 35% y 50% que regían antes. Ese nivel se mantiene sin cambios hasta el 31 de diciembre de 2026, y con él sigue la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a los hogares vulnerables.
| Categoría | Descuento en la factura | Protección frente a cortes |
|---|---|---|
| Consumidor vulnerable | 42,5% sobre el PVPC | No aplica |
| Consumidor vulnerable severo | 57,5% sobre el PVPC | Corte prohibido |
| En riesgo de exclusión social | Hasta el 100%, con servicios sociales cubriendo parte de la factura | Corte prohibido |
La rebaja del combustible sí empieza a bajar este mes
Acá está el recorte más visible. El impuesto especial sobre hidrocarburos, que venía reduciendo el precio en 20 céntimos por litro, pasa a 15 céntimos en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. El propio decreto incluye la cláusula de reactivación: si la inflación interanual de los carburantes supera el 15%, la rebaja vuelve de un salto a los 20 céntimos. Según el propio Gobierno, este recorte progresivo le representa al Estado un costo fiscal —es decir, una menor recaudación— de 939 millones de euros.
Para los profesionales del transporte, el agro y la pesca la cuenta es distinta: mientras el descuento general se va reduciendo mes a mes, el Gobierno mantiene para ellos un apoyo equivalente a los 20 céntimos por litro de forma pareja hasta el 30 de septiembre, sin el mismo recorte escalonado que aplica al resto de los consumidores. Y hay un dato que conviene no pasar por alto: el IVA de los carburantes, que llevaba más de dos meses reducido al 10%, volvió el 1 de julio a su tipo normal del 21%, según confirmó el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La rebaja que sigue en pie es la del impuesto especial, no la del IVA.
Campo y pesca: más plata, no menos
Es el único bloque donde el segundo decreto suma en vez de recortar. Además de la subvención al gasóleo agrario y pesquero —prorrogada hasta el 30 de septiembre, con un presupuesto de 65 millones de euros—, la ayuda directa para fertilizantes se amplía en 165 millones de euros adicionales. Con eso, el total pasa a 665 millones de euros, y la cuantía por hectárea sube a 38,33 euros para cultivos de secano y 92,50 euros para regadío. Sumando lo aprobado en marzo, el apoyo total al sector agrario y pesquero llega a 1.107 millones de euros.
Lo que se les pide a cambio a las empresas
Nada es gratis, ni siquiera un rescate. Las empresas que reciben estas ayudas y que están obligadas a tener un plan de movilidad sostenible para sus trabajadores tienen que mantenerlo si quieren conservar el beneficio. Y hasta el 30 de septiembre no pueden justificar despidos o ceses de actividad alegando causas económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio. Es la misma lógica que ya regía desde marzo, ahora extendida al nuevo tramo.
El telón de fondo: una economía que crece más de lo que se esperaba en enero
El mismo lunes en que se aprobó el segundo decreto, el Gobierno también actualizó su previsión de crecimiento para 2026: la subió del 2,2% al 2,6%, cuatro décimas más. La revisión llega con la inflación de vuelta al 3,2% interanual en junio (dato provisional del INE) y en un contexto en el que el propio Ejecutivo prevé que el paro baje del 10% este año. No todos coinciden en el optimismo: el FMI proyecta un 2,1% para España en 2026, y el Banco de España, aunque mantiene su 2,3%, elevó su previsión de inflación al 3,6% y calcula un déficit público del 2,4% del PIB para este año.
Leído en conjunto, el paquete deja una lectura bastante clara de dónde está el límite: en la factura de la luz no se toca nada todavía —el bono eléctrico sigue intacto hasta diciembre—, pero en el surtidor la cuenta ya empezó a subir, con una rebaja que se apaga mes a mes y una cláusula de reactivación que funciona más como seguro que como certeza.
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