32.430 euros diarios. Es la multa que la Comisión Europea le pide al Tribunal de Justicia de la UE que le imponga a España por no aplicar, desde el 1 de enero de 2025, una directiva que debía estar en vigor desde esa fecha. El tribunal todavía no falló, pero si la sanción se aplicara con retroactividad, la cuenta ya superaría los 17,6 millones de euros — dinero que, de confirmarse, saldría de las arcas públicas mientras el Gobierno le sigue negando al autónomo la exención que generó el conflicto.
La directiva que España es la única que no aplicó
La Directiva (UE) 2020/285 permite a cada país eximir del IVA a los autónomos y pequeñas empresas que facturen por debajo de 85.000 euros al año: sin cobrarlo en las facturas, sin declararlo cada trimestre. El plazo para incorporarla a la legislación nacional venció el 31 de diciembre de 2024. España lo dejó pasar, y hoy sigue siendo el único Estado miembro de la Unión que no la aplicó. Por eso Bruselas la llevó ante el Tribunal de Justicia de la UE, que deberá decidir si le impone esos 32.430 euros diarios que la Comisión reclama desde enero de 2025.
Lo que ya tienen tus vecinos europeos
Mientras España sigue sin franquicia, el resto de las economías grandes de la UE ya la tienen funcionando, cada una con su propio umbral:
| País | Umbral de exención de IVA |
|---|---|
| Alemania | 25.000 €/año (subió desde 22.000 € en enero de 2025) |
| Francia (servicios) | 37.500 €/año (tras revertirse en noviembre de 2025 una baja a 25.000 € que había generado protestas) |
| Italia | 85.000 €/año (el máximo que permite la directiva) |
| España | 0 € — sin franquicia |
El giro: del veto por impacto fiscal a la negociación por votos
En junio de 2026 el Gobierno bloqueó, con la herramienta constitucional del artículo 134.6, una proposición de Junts que incluía el IVA franquiciado entre otras reformas para autónomos, alegando que tendría un impacto negativo sobre las cuentas públicas. Un mes después, en julio, Hacienda pasó a negociar directamente con Junts la misma exención, esta vez a cambio de sus votos para el decreto de vivienda que el Consejo de Ministros prevé aprobar a fin de mes. Según reportes recientes, la medida podría entrar en vigor este mismo verano.
Quién ganaría si por fin se aplica
La Federación de Autónomos (ATA) estima que la franquicia beneficiaría a unos 770.000 autónomos — el 22% del total, los que facturan menos de 85.000 euros al año — con un ahorro promedio de 660 euros anuales por cabeza en costos de gestoría y tiempo administrativo que ya no haría falta destinar a la gestión trimestral del IVA. Extrapolado al conjunto, el perjuicio que ATA le atribuye a la falta de esta exención ronda los 508 millones de euros al año.
Mientras tanto, el contador sigue corriendo. Cada día que el decreto de vivienda no se cierra o que la negociación con Junts se estira, la cifra que la Comisión le reclama a España crece en otros 32.430 euros — mientras el propio Estado sigue sin reconocerle al autónomo la exención que ese reclamo dejó en evidencia que le corresponde.
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